Banca y Negocios
29-03-2009 19:20
Europa Press. Madrid
Logo de la Caja Castilla La Mancha. / EP
El Gobierno central aprobó este domingo un real decreto ley que autoriza la concesión de un aval del Tesoro por un importe máximo de 9.000 millones para que el Banco de España intervenga en Caja Castilla La Mancha (CCM), que atraviesa graves problemas de liquidez.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que se ha adoptado esta decisión después de que el Banco de España constatara la necesidad de financiar "de forma extraordinaria" a esta caja "para que pueda superar sus necesidades transitorias de liquidez y hacer cumplimiento a sus obligaciones frente a depositantes y acreedores".
Asimismo, el Gobierno ha acordado la sustitución del consejo de administración de CCM, encabezado por su presidente, Juan Pedro Hernández-Moltó, por tres administradores que actuarán de forma mancomunada.
Tras indicar que se ha informado de esta medida a todos los grupos parlamentarios, De la Vega aprovechó para enviar un "mensaje de tranquilidad" a los ciudadanos que tienen sus ahorros en CCM, ya sean pequeños ahorradores, empresas o acreedores, ya que con esta decisión "se garantizan sus ahorros y depósitos".
Por su parte, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, subrayó que CCM es "una entidad solvente" que "no tiene ningún agujero financiero", sino un problema de liquidez que sólo se puede paliar mediante financiación.
Asimismo, hizo hincapié en que esta caja tiene un patrimonio neto positivo. "No estamos inyectando capital público, estamos realizando una aportación de liquidez pública para sanear la caja y que pueda seguir operando con normalidad", matizó.
Nadie es inmune
Solbes dejó claro que no hay ninguna otra entidad en estas circunstancias ("yo estoy tranquilo con las cajas", dijo) pero reconoció que "si seguimos teniendo problemas de liquidez, nadie es inmune a largo plazo".
La acordada hoy será la primera intervención de ese tipo en una gran entidad financiera desde la de Banesto en 1993. La Caja Castilla La Mancha se encontraba inmersa en un proceso de conversaciones con la entidad andaluza Unicaja para una futura fusión, operación que se vería frustrada con esta decisión del Gobierno.
