Sociedad
06-02-2009 19:35
La organización también tiene la responsabilidad de las dependencias para jóvenes con trastornos de conducta abiertas en octubre en la capital grancanaria
Acn Press. Las Palmas de Gran Canaria
Inés Rojas presenta la memoria del anteproyecto de la Ley Canaria de Acción Social y Servicios Sociales. / Acfi Press
El Gobierno de Canarias descarta, por el momento, investigar los dos centros de menores con trastornos de conducta que hay en el Archipiélago y que están gestionados por la fundación O’Belén, denunciada por el Defensor del Pueblo por sus presuntos métodos irregulares en otras Comunidades Autónomas.
La consejera de Bienestar Social Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, manifestó hoy que por el momento no va "a fiscalizar” la actuación de la citada organización en los centros de Tacoronte y Las Palmas de Gran Canaria, abierto recientemente, porque su gestión es "impecable".
“No hemos tenido ninguna constancia de que en ninguno de los dos centros que gestiona la ONG se hayan producido irregularidades”, dijo la consejera que insistió en que el Defensor del Pueblo no hace alusión a anomalías en estos centros en Canarias. A pesar de ello, la institución hace una crítica minuciosa a los presuntos malos tratos que reciben los jóvenes en varios centros que gestiona la organización O'Belén como los de Casa Joven, Nuestra Señora de la Paz y Picón del Jarama.
“Haremos la inspección que corresponda de manera regular porque entendemos que pertenece a la propia organización defenderse o no de las acusaciones que contra ella se están vertiendo”, aseveró Rojas. Y puntualizó que “si tuviéramos la más mínima sospecha de que pasa lo mínimo, y no lo máximo que es lo que dice el Defensor del Pueblo, abriríamos una investigación”.
La consejera insistió en estar “muy satisfecha” de la gestión que realiza O’Belén en Gran Canaria y Tenerife aunque manifiesta que, a raíz de las informaciones publicadas, estará “más alerta”: “Ante esto [en referencia a las prácticas de O’Belén en distintos centros de la Península], todo el que fuera padre y madre estaría un poquito más alerta. El Gobierno de Canarias es padre y madre de estos niños, pero no consiste en alertar de que pasa algo. No tenemos constancia de que pase nada”.
Carencia de plazas
La consejera Rojas aclaró que el Defensor del Pueblo sólo alude en su informe a una carencia de plazas en Canarias que “ya se han suplido” con la reciente apertura del centro para menores con problemas de conducta en Las Palmas de Gran Canaria que cuenta con 20 plazas, de las que sólo ocho están cubiertas.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo alude en su informe que carece de información de las inspecciones que la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias ha realizado en los dos centros canarios porque en el escrito que el Ejecutivo regional le remite “no se hace referencia a las mismas”.
